Gobierno descarta intervención y diputados piden investigar

Contrario al revuelo en las redes sociales, la designación de Julio Ponce Lerou y su hermano Eugenio Ponce como asesor de la minera no metálica -como informó La Tercera-, el gobierno salió del paso precisando que esto pertenece al ámbito privado de la empresa.

“Nosotros no tenemos opiniones personales respecto de lo que ocurra a nivel de las decisiones que toman las empresas en sus gobiernos corporativos”, comentó el ministro de Economía, José Ramón Valente, aclarando que el nuevo rol se ajusta al contrato.

La visión fue compartida por el ministro del interior, Andrés Chadwick, quien aclaró que el presidente Piñera no ha solicitado informes ni la revisión del contrato.

En tanto el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, reconoció imprudencia en la definición pero recalcó que se ajusta al contrato que el organismo firmó con SQM para asegurar el alejamiento del controlador de la compañía.

“Es imprudente, probablemente, pero está sujeto a lo que contractualmente firmó el gobierno pasado. Estamos amarrados de manos, contractualmente no tenemos mucho que hacer”, añadió.

Corfo, en tanto recalcó que esta definición es “estrictamente al ámbito de sus funciones y no modifica el acuerdo en su ejecución”, declaró.

En tanto, el mundo político cuestionó las aristas no previstas en dicho contrato que permitieron al empresario regresar a SQM.

Parlamentarios de oposición pidieron crear una comisión investigadora, moción que contó con 64 votos de respaldo y será votada hoy.

El senador Alejandro Guillier calificó como una “vergüenza nacional” la contratación de los hermanos Ponce Lerou de parte de SQM, ya que “hubo un expreso acuerdo para limpiar la política y las manchas que había sobre la política sobre financiamiento irregular de SQM”, de sacar a los hermanos Ponce Lerou de la toma de decisiones en la empresa, que se vulneró.

En tanto, el diputado de RN, Francisco Eguiguren –uno de los seis diputados de ese partido que suscribieron la presentación- dijo que es evidente que “SQM se ríe en las narices del Estado, ha pasado a llevar la fe pública” vulnerando el contrato, por lo que solicitará al Consejo de Defensa del Estado se haga parte e investigue “si hay un perjuicio fiscal en la vulneración de este contrato”.